Esta semana se aprobó la reorganización judicial de la constructora La Cruz, que entró en esta situación, entre otros motivos, por el riesgo de que le cobraran las boletas de garantía que había entregado al Estado para poder construir casas con subsidios.
No es el único caso, porque Brotec, una de las constructoras más grandes del país, también enfrenta un proceso de liquidación, mientras que decenas de constructoras han solicitado su quiebra o han iniciado un proceso de reorganización financiera ante la justicia (14 de ellas están en tribunales de Santiago).
La situación es compleja: hay voces que plantean que, de no haber medidas de parte del gobierno, se podría convertir en una crisis sistémica entre las empresas que construyen viviendas con subsidios.
Un tema no menor para la administración encabezada por el Presidente Gabriel Boric, pues se podría poner en jaque la meta de entregar 260 mil nuevas viviendas sociales antes del término de su mandato.
Frente a esto, el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda liderado por Carlos Montes, decidió dar más flexibilidad a las constructoras que desarrollan viviendas sociales, lo que, en la práctica, ha significado evitar la ejecución del cobro de boletas de garantías a las empresas que no han cumplido con los contratos producto de la pandemia.