La Unidad Anticorrupción e Investigación Especializada de la Fiscalía de Atacama y la PDI, a
través de las Brigadas de Delitos Económicos (Bridec) e Investigadora de Lavado de Activos
(Brilac), llevaron a cabo una detallada investigación que derivó en la detención de cuatro
personas que se desempeñaban en el centro de salud VenNorte en Copiapó, recinto en el
que, de acuerdo a los antecedentes recabados, se cometieron defraudaciones por más de
260 millones de pesos mediante la tramitación de bonos de atención dental falsos a través
de la huella digital de pacientes que concurrieron a dicho establecimiento.

Los antecedentes de esta causa los argumentó en la audiencia de formalización de la
investigación el fiscal de la mencionada unidad especializada, Luis Miranda Flores, quien
indicó que los imputados, tres hombres y una mujer de nacionalidad venezolana, se
concertaron para cometer los ilícitos, cabiéndoles a cada uno de ellos acciones específicas
en el desarrollo de la defraudación, la que además incluyó la creación de otras sociedad y
empresas con las que luego triangulaban el dinero de las ganancias y así intentar
“blanquear” las utilidades recibidas de manera irregular por parte del Estado a partir de la
información falsa que el centro de Salud hacía llegar a Fonasa.

“En forma breve, estamos en condiciones de informar que los imputados idearon la acción
delictual a partir de pacientes reales, alrededor de 400 contabilizados a la fecha y de ellos
algunos menores de edad, quienes concurrían al VenNorte para realizarse exámenes de
imagenología, procedimientos que se realizaban de manera normal y no levantaban
sospechas. Sin embargo, la huella digital de los usuarios, utilizada en el sistema I-MED, era
ocupada de manera ilegal y sin conocimientos de los pacientes, para tramitar bonos PAD de
atención dental que luego eran cobrados a Fonasa, a pesar de que dichos procedimientos
nunca se realizaron. Generando con ello un perjuicio al Estado de más de 260 millones de
pesos”, dijo Miranda.

En la audiencia ante el Juzgado de Garantía la Fiscalía comunicó los cargos a quien aparece
como líder e ideólogo de las acciones antes descritas y quien reclutó a los otros imputados,
un auxiliar paramédico de odontología, quien además se hacía pasar por “doctor”
configurando con ello el delito de ejercicio ilegal de la profesional. Junto a él, fue detenido el
imputado que estaba a cargo de recibir, estratificar y redistribuir los fondos defraudados; un
médico radiólogo que dotaba de cobertura clínica real y verificable a la actividad del centro,
firmando los informes ecográficos de los pacientes cuyas sesiones biométricas eran
simultáneamente utilizadas en recepción para la emisión de bonos falsos y que, además,
prestaba funciones al Servicio de Salud de Atacama. Finalmente, respecto de la cuarta
imputada se trata de la recepcionista del centro médico quien era la operadora material del terminal I-Med y la ejecutora directa del protocolo de doble huella, encargada de capturar las
sesiones biométricas de los pacientes y con ello emitir los bonos PAD falsos. Relatando en
esta instancia judicial los antecedentes de una muestra de 31 pacientes de quienes se utilizó
su huella.

Frente a estos antecedentes, en la audiencia la Fiscalía indicó que los delitos indagados
dicen relación con los de asociación ilícita, obtención fraudulenta de prestaciones estatales y
lavado de activos. Mientras que, en relación a las empresas creadas de manera paralela,
esto es, una farmacia, una perfumería y la Comercializadora Venfarma, el Ministerio Público
imputó la responsabilidad penal de las Personas Jurídicas de cada una de ellas.
“Se trata de delitos graves que generaron una afectación evidente al Estado y los
especialmente a los, ya que al tramitarse los mencionados bonos por procedimientos
dentales falsos. Todos los afectados quedaron imposibilitados de poder realizarse un
tratamiento de ese tipo, puesto que, en el sistema, ya estaban ejecutados y pagados por
Fonasa”, dijo Miranda.


PDI
Respecto al proceso investigativo, la Jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos
(Bridec) de la PDI Copiapó, subprefecta Cecilia Diez Carrasco, comentó que “se realizaron
una serie de diligencias en el marco de un proceso investigativo llevado a cabo en
coordinación con la Fiscalía Local de Copiapó, logrando la detención de cuatro personas de
nacionalidad venezolana, parte de una estructura criminal dedicada a defraudar
sistemáticamente a Fonasa mediante la emisión de prestaciones inexistentes. El proceso
investigativo permitió acreditar los delitos de fraude al Fisco, lavado de activos, asociación
ilícita y ejercicio ilegal de la profesión, logrando establecer que los imputados utilizaron un
centro médico de Copiapó como plataforma para llevar a cabo los ilícitos, utilizando la
modalidad PAD dental, para emitir las prestaciones odontológicas inexistentes,
aprovechando la huella biométrica de los pacientes que acudían al centro médico por otros
servicios”.

La oficial policial agregó que “el trabajo policial logró establecer que este modus operandi
llevaba casi tres años funcionando en este centro médico, por lo que tras una investigación
de largo aliento se pudo concretar la desarticulación de esta estructura tras la detención de
sus cuatro integrantes, destacando las diligencias llevadas a cabo mancomunadamente
entre la Bridec Copiapó y la Fiscalía”.

CAUTELARES
En la audiencia, frente al peso de la evidencia reunida en la etapa investigativa, la Fiscalía
solicitó y obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva para dos de los imputados que
tuvieron una participación más directa en los delitos, el líder de la agrupación delictual y
quien se encargaba de los movimientos financieros, mientras que los otros cumplirán la
cautelar de arresto domiciliario nocturno.

“El Tribunal fijó tres meses de plazo para el desarrollo de las diligencias pendientes en este
caso, periodo en que la Fiscalía y la PDI continuarán desarrollando tareas indagatorias que
lleven a reunir la totalidad de los medios de prueba. No descartando, identificar a más
pacientes afectados”, finalizó el fiscal Luis Miranda.