Su conformidad manifestó la diputada (PS) Daniella Cicardini, por la presentación por parte del conjunto de partidos de oposición de una Acusación Constitucional contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera, tras las revelaciones de la investigación de los llamados “Pandora Papers”, sobre la compraventa del proyecto minero Dominga.
El libelo fue ingresado este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados, fundada en aspectos tales como que el mandatario habría infringido la Constitución, cometido faltas a la probidad y comprometido gravemente el honor, la institucionalidad y soberanía del país.
Al respecto, la diputada por Atacama, Daniella Cicardini indicó que “a nadie le gusta tener que acusar constitucionalmente a un presidente en ejercicio, pero la búsqueda de algo de justicia y la gravedad de lo denunciado y de lo que está en juego, y el propio actuar cuestionable, sistemático e histórico del Presidente Piñera nos ha obligado a tener que cumplir el deber de ingresar esta acusación con la unidad de toda la oposición”.
En esa línea, la parlamentaria dijo que “yo señalé desde el primer día mi disponibilidad de apoyar esta acusación porque, además de lo aún más cuestionable que fue su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos, desde el inicio nos pareció que los antecedentes sobre un posible enriquecimiento multimillonario desde su cargo en paraísos fiscales, con evasión de impuestos, y un potencial daño al medioambiente de por medio, incluso para Atacama, ameritaban insistir en una acusación constitucional, lo que se vio después fortalecido con el inicio de la investigación anunciada por el Fiscal Nacional”, subrayó.
Cicardini enfatizó además que “en todo caso, como parece que el gobierno no entiende la naturaleza de una acusación constitucional, y han salido a decir que daña la democracia y se presenta porque supuestamente le tenemos mala al presidente, o solo por una motivación política; hay que recordarles que por un lado ya hubo antecedentes suficientes como para abrir una investigación del ministerio público, y por otro, aclararles que efectivamente la acusación constitucional es política, porque persigue eso, la responsabilidad política del presidente”
“Acá lo único que daña la democracia es criticar el rol y el deber fiscalizador de un poder del Estado, y el uso de una herramienta legitima que tenemos las y los diputados”, enfatizó la parlamentaria.
La acusación deberá ser analizada por una Comisión Revisora de la Acusación, integrada por 5 diputados y diputadas sorteados para conformarla, la que además recibirá los descargos del presidente Piñera, y emitirá y votará un informe con una recomendación no vinculante, previo a su paso par votación en la sala de la cámara.